El senado estadounidense aprobó el pasado 14 de noviembre una resolución que insta al gobierno salvadoreño, investigar el asesinato de las cuatro monjas Mariknoll cometidos el 2 de diciembre de 1890 por unidades de la extinta Guardia Nacional. Las Monjas Mariknoll, que trabajaban para ayudar a los refugiados de la guerra civil fueron secuestradas después de haber regresado a El Salvador, para continuar realizando su trabajo. Sus cuerpos fueron encontrados presentando violaciones. En mayo de 1984 cinco de los miembros de la Guardia Nacional que participaron en dicho crimen. Por dicho crimen fueron capturados y culpados: Joaquin Contreras Palacios, el subsargento Luis Antonio Colindres Aleman, Daniel Canales Ramirez, y José Roberto Canjura, dichos culpables fueron condenados a 30 años de cárcel.
Un jurado absolvió a dos generales salvadoreños de la acusación de tener responsabilidad en el asesinato de cuatro religiosas cometidos en El Salvador en 1980.
La demanda civil había sido presentada por los familiares de las víctimas contra los generales José Guillermo García, ex ministro de Defensa, de 67 años de edad, y Carlos Eugenio Vides Casanova, ex director de la Guardia Na
cional, de 62 años.
Ambos generales, que viven jubilados en Florida, no estuvieron presentes cuando se leyó en el tribunal de Palm Beach el veredicto del jurado, compuesto por seis mujeres y cuatro hombres.
Los familiares de las víctimas reaccionaron con decepción y una sobrina de Ita Ford, una de las monjas asesinadas, no pudo reprimir las lágrimas.
En la demanda, los familiares acusaban a los generales de tener responsabilidad en la cadena de mando militar por lo que hicieron sus subordinados y por no impedir los abusos y matanzas que cometieron.
Bob Kerrigan, uno de los dos abogados de la acusación, dijo que pedirán un nuevo juicio y que, si no se concede, lo apelarán de nuevo, y agregó que el concepto de ‘‘responsabilidad de la cadena de mando’’ es difícil de entender y posiblemente el jurado no entendió bien la ley en ese aspecto.
Kerrigan, como el otro abogado, Robert Montgomery, visiblemente decepcionado por el veredicto, se abstuvo de criticar al jurado o al juez Daniel Hurley por las instrucciones dadas al jurado antes de que deliberara el martes.
Es la primera vez que supuestos violadores de derechos humanos o de crímenes de guerra en otros países han sido juzgados en EU bajo una reciente ley que permite a las víctimas o familiares demandarlos.
El juicio fue seguido con gran interés por los organismos de defensa de los derechos humanos porque puede ser el primer paso para emprender acciones similares contra otros supuestos criminales de guerra refugiados en EU.
García logró asilo político en EU en 1989 alegando que estaba amenazado de muerte en su país y vive en Plantation, al norte de Miami. Vides Casanova logró el permiso de residencia ese año y reside en Palm Coast, cerca de Daytona Beach, en Florida.
Las monjas Ita Ford, Maura Clarke y Dorothy Kazel, además de la misionera Jean Donovan, fueron interceptadas por una patrulla de la Guardia Nacional el 2 de diciembre de 1980 cerca del aeropuerto de San salvador, y sus cuerpos fueron abandonados desnudos en una carretera cercana y enterrados por unos campesinos.
Este crimen conmovió al Mundo y el entonces presidente Jimmy Carter cortó inmediatamente la ayuda militar al gobierno salvadoreño, inmerso en una guerra con las guerrillas.
Cinco miembros de la Guardia Nacional fueron condenados en 1984 a 30 años de cárcel, pero tres de ellos ya están libres por haber cumplido la mitad de la condena. Cuatro de los cinco condenados habían declarado que cumplían ‘‘órdenes superiores’’ cuando cometieron el asesinato de las monjas.
Durante el juicio de tres semanas, los abogados de los familiares proyectaron en el tribunal fotos de los cadáveres de las religiosas cuando eran desenterrados y presentaron centenares de documentos del Departamento de Estado y de la CIA donde se indicaba que las fuerzas militares salvadoreñas estaban implicadas en abusos y matanzas de civiles.
Montgomery y Kerrigan señalaron que los dos acusados no hicieron nada en firme para impedir esa situación.
El juez Hurley había instruido al jurado que los acusados no necesariamente tenían que haber ordenado la matanza de las religiosas para ser considerados responsables.
El testigo estrella de la acusación fue Robert White, embajador de EU en El Salvador en 1980, que declaró que los dos generales encubrieron las investigaciones sobre el caso y que las comisiones que nombraron para investigarlo fueron una ‘‘farsa’’.
Senado norteamericano insta investigar asesinato de Monjas Mariknoll
Sin embargo los autores intelectuales que dieron la orden para llevar a cabo el asesinato no han sido juzgados debido a que son protegidos por la Ley de Amnistía. La resolución del senado estadounidense fue presentada por el senador Russ Feingold, representante del estado de Wisconsin.
Un jurado absolvió a dos generales salvadoreños de la acusación de tener responsabilidad en el asesinato de cuatro religiosas cometidos en El Salvador en 1980.
La demanda civil había sido presentada por los familiares de las víctimas contra los generales José Guillermo García, ex ministro de Defensa, de 67 años de edad, y Carlos Eugenio Vides Casanova, ex director de la Guardia Na
cional, de 62 años.Ambos generales, que viven jubilados en Florida, no estuvieron presentes cuando se leyó en el tribunal de Palm Beach el veredicto del jurado, compuesto por seis mujeres y cuatro hombres.
Los familiares de las víctimas reaccionaron con decepción y una sobrina de Ita Ford, una de las monjas asesinadas, no pudo reprimir las lágrimas.
En la demanda, los familiares acusaban a los generales de tener responsabilidad en la cadena de mando militar por lo que hicieron sus subordinados y por no impedir los abusos y matanzas que cometieron.
Bob Kerrigan, uno de los dos abogados de la acusación, dijo que pedirán un nuevo juicio y que, si no se concede, lo apelarán de nuevo, y agregó que el concepto de ‘‘responsabilidad de la cadena de mando’’ es difícil de entender y posiblemente el jurado no entendió bien la ley en ese aspecto.
Kerrigan, como el otro abogado, Robert Montgomery, visiblemente decepcionado por el veredicto, se abstuvo de criticar al jurado o al juez Daniel Hurley por las instrucciones dadas al jurado antes de que deliberara el martes.
Es la primera vez que supuestos violadores de derechos humanos o de crímenes de guerra en otros países han sido juzgados en EU bajo una reciente ley que permite a las víctimas o familiares demandarlos.
El juicio fue seguido con gran interés por los organismos de defensa de los derechos humanos porque puede ser el primer paso para emprender acciones similares contra otros supuestos criminales de guerra refugiados en EU.
García logró asilo político en EU en 1989 alegando que estaba amenazado de muerte en su país y vive en Plantation, al norte de Miami. Vides Casanova logró el permiso de residencia ese año y reside en Palm Coast, cerca de Daytona Beach, en Florida.
Las monjas Ita Ford, Maura Clarke y Dorothy Kazel, además de la misionera Jean Donovan, fueron interceptadas por una patrulla de la Guardia Nacional el 2 de diciembre de 1980 cerca del aeropuerto de San salvador, y sus cuerpos fueron abandonados desnudos en una carretera cercana y enterrados por unos campesinos.
Este crimen conmovió al Mundo y el entonces presidente Jimmy Carter cortó inmediatamente la ayuda militar al gobierno salvadoreño, inmerso en una guerra con las guerrillas.
Cinco miembros de la Guardia Nacional fueron condenados en 1984 a 30 años de cárcel, pero tres de ellos ya están libres por haber cumplido la mitad de la condena. Cuatro de los cinco condenados habían declarado que cumplían ‘‘órdenes superiores’’ cuando cometieron el asesinato de las monjas.
Durante el juicio de tres semanas, los abogados de los familiares proyectaron en el tribunal fotos de los cadáveres de las religiosas cuando eran desenterrados y presentaron centenares de documentos del Departamento de Estado y de la CIA donde se indicaba que las fuerzas militares salvadoreñas estaban implicadas en abusos y matanzas de civiles.
Montgomery y Kerrigan señalaron que los dos acusados no hicieron nada en firme para impedir esa situación.
El juez Hurley había instruido al jurado que los acusados no necesariamente tenían que haber ordenado la matanza de las religiosas para ser considerados responsables.
El testigo estrella de la acusación fue Robert White, embajador de EU en El Salvador en 1980, que declaró que los dos generales encubrieron las investigaciones sobre el caso y que las comisiones que nombraron para investigarlo fueron una ‘‘farsa’’.
Senado norteamericano insta investigar asesinato de Monjas Mariknoll
Sin embargo los autores intelectuales que dieron la orden para llevar a cabo el asesinato no han sido juzgados debido a que son protegidos por la Ley de Amnistía. La resolución del senado estadounidense fue presentada por el senador Russ Feingold, representante del estado de Wisconsin.
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