Ojalá las instituciones de la Venezuela bolivariana estén a la altura de la demanda de justicia
El 29 de octubre se cumplieron 20 años del asesinato de 14 pescadores en el Caño Las Coloradas del estado Apure, en un acontecimiento vilmente manipulado como el resultado de un operativo de inteligencia contra grupos irregulares. El gobierno del presidente Jaime Lusinchi y los ministros Ítalo del Valle Alliegro (Defensa), Simón Alberto Consalvi (Interior) y Carlos Croes (jefe de la Oficina Central de Información), organizaron una intensa campaña publicitaria para presentar a las víctimas como "guerrilleros colombianos". La verdad de la "Masacre del Amparo" fue conocida por el relato de dos sobrevivientes: José Augusto Arias y Wollmer Gregorio Pinilla, quienes comenzaron a recorrer un largo trecho en búsqueda de justicia, un camino que está lejos de haber finalizado tras dos décadas de los sucesos.
El caso se presentó ante el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, por la actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar. En 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó la primera sentencia en su historia contra Venezuela, reiterada por segunda vez, que obligaba a indemnizar a los familiares de las víctimas, y a investigar y sancionar a los responsables. La decisión fue acatada parcialmente con el pago de indemnizaciones en 1997 y 2005. Sin embargo, el castigo a los autores materiales e intelectuales no se ha realizado.
A diferencia de otros casos, en la "Masacre del Amparo" sus autores materiales están plenamente identificados. La operación la realizó el Comando Específico José Antonio Páez (Cejap) a cargo de los siguientes funcionarios: capitán de corbeta Alí Coromoto González, maestro técnico de primera (Ej) Ernesto Morales Gómez, sargento técnico de primera (Ej) Omar Antonio Pérez Hudson, sargento mayor de segunda (Ej) Salvador Ortiz Hernández, comisario jefe (Disip) Andrés Alberto Román Romero, comisario (Disip) Maximiliano José Monsalve Planchart, inspector jefe (Disip) Celso José Rincón Fuentes, ins- pector jefe (Disip) Carlos Alberto Durán Tolosa, inspector (Disip) José Ramón Zerpa Poveda, inspector (Disip) Luis Alberto Villamizar, subinspector (Disip) Franklin Gómez Rodríguez, subinspector (Disip) Omar Gregorio Márquez, detective (Disip) Tony Richard Urbina Sojo, sumariador jefe III (Policía Técnica Judicial, PTJ) Gerardo Rugeles Molina, inspector jefe (PTJ) Edgar Arturo Mendoza Guanaguey, subcomisario (PTJ), Florentino Javier López, subinspector (PTJ) Alfredo José Montero, agente principal (PTJ) Daniel Virgilio Gómez, funcionario policial (PTJ) Rafael Rodríguez Salazar, y Huber Bayona Ríos (ciudadano colombiano que prestaba servicios de inteligencia al Cejap).
No importa el tiempo transcurrido: los delitos contra los derechos humanos no prescriben. Por esta razón, en agosto los dos sobrevivientes de la masacre, asistidos por Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, solicitaron ante la Fiscalía la reapertura del caso y exigieron la misma voluntad política que se ha procedido para la Masacre de Yumare. Ojalá las instituciones de la Venezuela bolivariana estén a la altura de esta demanda para que la justicia venza a la impunidad.
Por Pablo Fernandez Blanco
El 29 de octubre se cumplieron 20 años del asesinato de 14 pescadores en el Caño Las Coloradas del estado Apure, en un acontecimiento vilmente manipulado como el resultado de un operativo de inteligencia contra grupos irregulares. El gobierno del presidente Jaime Lusinchi y los ministros Ítalo del Valle Alliegro (Defensa), Simón Alberto Consalvi (Interior) y Carlos Croes (jefe de la Oficina Central de Información), organizaron una intensa campaña publicitaria para presentar a las víctimas como "guerrilleros colombianos". La verdad de la "Masacre del Amparo" fue conocida por el relato de dos sobrevivientes: José Augusto Arias y Wollmer Gregorio Pinilla, quienes comenzaron a recorrer un largo trecho en búsqueda de justicia, un camino que está lejos de haber finalizado tras dos décadas de los sucesos.
El caso se presentó ante el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, por la actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar. En 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó la primera sentencia en su historia contra Venezuela, reiterada por segunda vez, que obligaba a indemnizar a los familiares de las víctimas, y a investigar y sancionar a los responsables. La decisión fue acatada parcialmente con el pago de indemnizaciones en 1997 y 2005. Sin embargo, el castigo a los autores materiales e intelectuales no se ha realizado.
A diferencia de otros casos, en la "Masacre del Amparo" sus autores materiales están plenamente identificados. La operación la realizó el Comando Específico José Antonio Páez (Cejap) a cargo de los siguientes funcionarios: capitán de corbeta Alí Coromoto González, maestro técnico de primera (Ej) Ernesto Morales Gómez, sargento técnico de primera (Ej) Omar Antonio Pérez Hudson, sargento mayor de segunda (Ej) Salvador Ortiz Hernández, comisario jefe (Disip) Andrés Alberto Román Romero, comisario (Disip) Maximiliano José Monsalve Planchart, inspector jefe (Disip) Celso José Rincón Fuentes, ins- pector jefe (Disip) Carlos Alberto Durán Tolosa, inspector (Disip) José Ramón Zerpa Poveda, inspector (Disip) Luis Alberto Villamizar, subinspector (Disip) Franklin Gómez Rodríguez, subinspector (Disip) Omar Gregorio Márquez, detective (Disip) Tony Richard Urbina Sojo, sumariador jefe III (Policía Técnica Judicial, PTJ) Gerardo Rugeles Molina, inspector jefe (PTJ) Edgar Arturo Mendoza Guanaguey, subcomisario (PTJ), Florentino Javier López, subinspector (PTJ) Alfredo José Montero, agente principal (PTJ) Daniel Virgilio Gómez, funcionario policial (PTJ) Rafael Rodríguez Salazar, y Huber Bayona Ríos (ciudadano colombiano que prestaba servicios de inteligencia al Cejap).
No importa el tiempo transcurrido: los delitos contra los derechos humanos no prescriben. Por esta razón, en agosto los dos sobrevivientes de la masacre, asistidos por Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, solicitaron ante la Fiscalía la reapertura del caso y exigieron la misma voluntad política que se ha procedido para la Masacre de Yumare. Ojalá las instituciones de la Venezuela bolivariana estén a la altura de esta demanda para que la justicia venza a la impunidad.
Por Pablo Fernandez Blanco
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