Colombia: El portaaviones de EE.UU. en Suramérica
Por Alberto Corona 04 de noviembre de 2009,
Tras la entrada en vigencia de un polémico acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, la nación suramericana se erige hoy como el portaaviones de la potencia norteña en el hemisferio, realidad que genera tensión y preocupación en la región.
Así lo consideró en una reciente entrevista radial el ex presidente colombiano Ernesto Samper, quien advirtió que los equipos que traerá Estados Unidos a su país son muy sofisticados, como los aviones C-17 y Orión P-3, que sirven de plataformas para el espionaje.
Estos aparatos, indicó, no van a funcionar para combatir a la guerrilla y ni siquiera el narco-terrorismo en el país.
"Lo que vamos a montar es una especie de portaaviones; vamos a prestar el país para que sea un portaaviones para hacer operaciones de vigilancia electrónica a toda la región suramericana desde Colombia", subrayó.
No hay que engañarnos, lo que vamos a hacer es como prestarle el balcón a una persona que no vive en un edificio para que venga a colocar reflectores y videocámaras sobre los vecinos. Eso es lo que vamos a hacer, agregó.
A tono con estas advertencias, varias voces del espectro político nacional, entre ellas los senadores Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y el candidato presidencial Gustavo Petro, entre otros, así como el Partido Comunista manifestaron que este pacto vulnera la soberanía nacional y convierte a Colombia de hecho en un país hostil para los vecinos del área.
Igualmente, alertaron que el uso de las bases por soldados estadounidenses aislará a Colombia de América Latina, a lo que Samper añadió que el mismo generará una mayor confrontación entre el país y sus vecinos.
El texto del acuerdo suscrito el pasado 30 de octubre, finalmente revelado por el gobierno, permite al Pentágono hacer uso de todos los aeropuertos comerciales de operación internacional de Colombia, además de las pistas enclavadas en las instalaciones militares.
Asimismo, las partes "acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia".
Palabras que desde ya han generado una nueva polémica a lo interno y fuera de Colombia, a raíz de las interpretaciones que de las mismas se pueden deducir, toda vez que son conocidas las prácticas hegemónicas de Estados Unidos y sus bases militares desplegadas en el mundo.
A su vez, el citado pacto refiere que se establecerá un mecanismo para determinar el número estimado de vuelos que harán uso de los aeropuertos internacionales, de conformidad con la normatividad colombiana.
Es decir, las aeronaves estadounidenses no sólo tendrán acceso a al menos siete bases militares nacionales sino también a igual número de terminales aéreas comerciales.
Los aeropuertos empleados por el Pentágono serán los de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y San Andrés.
En tanto, las normas de uso de aeronaves exigen que los aparatos estén en tierra para ser abastecidos de combustible y en algunos casos revisión técnica, lo que obligaría a que hubiera personal extranjero en tierra en estas terminales.
Además de que las tropas norteamericanas tendrán acceso ilimitado a las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; la Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga.
El acuerdo también subraya que el personal de Estados Unidos, incluido los contratistas y sus empleados tendrán acceso y la capacidad de moverse libremente dentro y entre las instalaciones y ubicaciones mutuamente convenidas que se requieran para llevar a cabo actividades pactadas.
En este sentido, el acuerdo establece un estatus de inmunidad al personal estadounidense y sus personas a cargo, lo cual de hecho impide a las autoridades locales actuar de presentarse cualquier situación fuera del marco legal incursionado por ciudadanos del país norteño.
Al respecto el artículo concerniente al "Estatus del personal", reza que el gobierno colombiano "garantizará que sus autoridades verificarán, en el menor tiempo posible, el estatus de inmunidad del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, que sean sospechosos de una actividad criminal en Colombia y los entregarán a las autoridades diplomáticas o militares apropiadas de los Estados Unidos en el menor tiempo posible".
El documento también define a los ciudadanos estadounidenses que podrán estar en Colombia como parte del pacto, los cuales son catalogados como personal civil, personal militar, personal de Estados Unidos, contratistas, empleados de contratista, observadores aéreos, partes operativas y personas a cargo, quienes cumplirán diferentes funciones.
Por otra parte, mediante el mismo Colombia otorga a Estados Unidos el privilegio de manejar correspondencia y documentos sin la necesidad de que estos pasen por el servicio postal nacional.
La nación norteña también podrá hacer uso del espacio radioeléctrico colombiano sin costo alguno, pues se permite la instalación de estaciones para la difusión de radio y televisión.
Luego de conocerse el texto integro del pacto, diversos analistas y políticos sostienen que mediante el mismo no solo se le entrega a Washington patente de corso para intervenir en los asuntos internos bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos y antiterrorista, sino que se le facilita la infraestructura militar y tecnológica para que desde Colombia se perpetúen ataques y bombardeos a cualquier nación de América Latina y del Caribe.
Para el secretario general del Partido Comunista de Colombia, Jaime Caicedo, Estados Unidos se ha convertido en un factor fundamental de la continuidad de la guerra en el país y de desestabilización de la región.
En opinión de Caicedo la propuesta del tratado militar y el establecimiento de tropas norteamericanas y aparatos del orden militar del Comando Sur en puertos y bases navales nacionales, apuntan en dirección a la Amazonía y a la Orinoquia "en función de proyectos agresivos que el imperialismo no abandona".
Por Alberto Corona 04 de noviembre de 2009,
Tras la entrada en vigencia de un polémico acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, la nación suramericana se erige hoy como el portaaviones de la potencia norteña en el hemisferio, realidad que genera tensión y preocupación en la región.
Así lo consideró en una reciente entrevista radial el ex presidente colombiano Ernesto Samper, quien advirtió que los equipos que traerá Estados Unidos a su país son muy sofisticados, como los aviones C-17 y Orión P-3, que sirven de plataformas para el espionaje.
Estos aparatos, indicó, no van a funcionar para combatir a la guerrilla y ni siquiera el narco-terrorismo en el país.
"Lo que vamos a montar es una especie de portaaviones; vamos a prestar el país para que sea un portaaviones para hacer operaciones de vigilancia electrónica a toda la región suramericana desde Colombia", subrayó.
No hay que engañarnos, lo que vamos a hacer es como prestarle el balcón a una persona que no vive en un edificio para que venga a colocar reflectores y videocámaras sobre los vecinos. Eso es lo que vamos a hacer, agregó.
A tono con estas advertencias, varias voces del espectro político nacional, entre ellas los senadores Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y el candidato presidencial Gustavo Petro, entre otros, así como el Partido Comunista manifestaron que este pacto vulnera la soberanía nacional y convierte a Colombia de hecho en un país hostil para los vecinos del área.
Igualmente, alertaron que el uso de las bases por soldados estadounidenses aislará a Colombia de América Latina, a lo que Samper añadió que el mismo generará una mayor confrontación entre el país y sus vecinos.
El texto del acuerdo suscrito el pasado 30 de octubre, finalmente revelado por el gobierno, permite al Pentágono hacer uso de todos los aeropuertos comerciales de operación internacional de Colombia, además de las pistas enclavadas en las instalaciones militares.
Asimismo, las partes "acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia".
Palabras que desde ya han generado una nueva polémica a lo interno y fuera de Colombia, a raíz de las interpretaciones que de las mismas se pueden deducir, toda vez que son conocidas las prácticas hegemónicas de Estados Unidos y sus bases militares desplegadas en el mundo.
A su vez, el citado pacto refiere que se establecerá un mecanismo para determinar el número estimado de vuelos que harán uso de los aeropuertos internacionales, de conformidad con la normatividad colombiana.
Es decir, las aeronaves estadounidenses no sólo tendrán acceso a al menos siete bases militares nacionales sino también a igual número de terminales aéreas comerciales.
Los aeropuertos empleados por el Pentágono serán los de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y San Andrés.
En tanto, las normas de uso de aeronaves exigen que los aparatos estén en tierra para ser abastecidos de combustible y en algunos casos revisión técnica, lo que obligaría a que hubiera personal extranjero en tierra en estas terminales.
Además de que las tropas norteamericanas tendrán acceso ilimitado a las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; la Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga.
El acuerdo también subraya que el personal de Estados Unidos, incluido los contratistas y sus empleados tendrán acceso y la capacidad de moverse libremente dentro y entre las instalaciones y ubicaciones mutuamente convenidas que se requieran para llevar a cabo actividades pactadas.
En este sentido, el acuerdo establece un estatus de inmunidad al personal estadounidense y sus personas a cargo, lo cual de hecho impide a las autoridades locales actuar de presentarse cualquier situación fuera del marco legal incursionado por ciudadanos del país norteño.
Al respecto el artículo concerniente al "Estatus del personal", reza que el gobierno colombiano "garantizará que sus autoridades verificarán, en el menor tiempo posible, el estatus de inmunidad del personal de los Estados Unidos y sus personas a cargo, que sean sospechosos de una actividad criminal en Colombia y los entregarán a las autoridades diplomáticas o militares apropiadas de los Estados Unidos en el menor tiempo posible".
El documento también define a los ciudadanos estadounidenses que podrán estar en Colombia como parte del pacto, los cuales son catalogados como personal civil, personal militar, personal de Estados Unidos, contratistas, empleados de contratista, observadores aéreos, partes operativas y personas a cargo, quienes cumplirán diferentes funciones.
Por otra parte, mediante el mismo Colombia otorga a Estados Unidos el privilegio de manejar correspondencia y documentos sin la necesidad de que estos pasen por el servicio postal nacional.
La nación norteña también podrá hacer uso del espacio radioeléctrico colombiano sin costo alguno, pues se permite la instalación de estaciones para la difusión de radio y televisión.
Luego de conocerse el texto integro del pacto, diversos analistas y políticos sostienen que mediante el mismo no solo se le entrega a Washington patente de corso para intervenir en los asuntos internos bajo el pretexto de la lucha antinarcóticos y antiterrorista, sino que se le facilita la infraestructura militar y tecnológica para que desde Colombia se perpetúen ataques y bombardeos a cualquier nación de América Latina y del Caribe.
Para el secretario general del Partido Comunista de Colombia, Jaime Caicedo, Estados Unidos se ha convertido en un factor fundamental de la continuidad de la guerra en el país y de desestabilización de la región.
En opinión de Caicedo la propuesta del tratado militar y el establecimiento de tropas norteamericanas y aparatos del orden militar del Comando Sur en puertos y bases navales nacionales, apuntan en dirección a la Amazonía y a la Orinoquia "en función de proyectos agresivos que el imperialismo no abandona".
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