Paramilitares colombianos complican la frontera occidental venezolana
Prensa Latina
La lucha por la recuperación de tierras ociosas, sorpresivamente para algunos, reafirma hoy en Venezuela denuncias sobre actividad de paramilitares colombianos, que para las autoridades es parte de un plan agresivo contra el país.
Uno de los resultados inesperados del proceso fue la ubicación, a fines de noviembre, de pistas clandestinas y la detención de un grupo de 25 irregulares en predios recuperados en el occidental estado Zulia.
Casi coincidentemente, en el mismo estado, fronterizo con Colombia, fue detenida la jefa paramilitar Magaly Moreno, vinculada con el ex fiscal Luis Osorio, actual embajador de Colombia en México.
En opinión del canciller Nicolás Maduro, la detención de Moreno demuestra que el gobierno de Colombia está enviando a sus jefes paramilitares como parte de una estrategia de infiltración.
Las autoridades venezolanas han denunciado que esos grupos irregulares actúan en coordinación con organismos de inteligencia colombianos en planes de desestabilización, sin descartar que pudieran ser preámbulos de una agresión militar.
La preocupación es sustentada también en el reciente acuerdo de Washington y Bogotá para la apertura a militares estadounidenses de al menos siete bases en Colombia con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El proceso de recuperación de tierras al sur del lago Maracaibo ratificó denuncias de que los paramilitares están instalados del lado venezolano en estados fronterizos como Zulia, Táchira y Apure y comenzaron a penetrar en otras regiones incluyendo la capital.
Recientemente, en Táchira fueron detenidos 12 paramilitares mientras repartían panfletos para atemorizar a comerciantes y colegios, con el fin de provocar cierres de comercios y escuelas y con llamados a una supuesta "limpieza social".
La aparición de esos papeles que llaman a exterminar a personas de "mala vida", cuya autoría se atribuye a grupos irregulares, también se reportó en Zulia.
El fenómeno del paramilitarismo es uno de los elementos de la complicada madeja de las relaciones colombo-venezolanas, que incluyen tensiones en la frontera por el tráfico de drogas y el contrabando de alimentos, con un fuerte componente político.
De tal forma, lo que en el transcurso de los años ha sido una operación regular, la destrucción de pasos ilegales entre ambos países para narcotraficantes y contrabandistas, ha sido asumido por el gobierno colombiano como un tema de relaciones internacionales.
El objeto de la discrepancia fue la destrucción por militares venezolanos de dos pasarelas sobre el río Táchira, no acordadas entre ambos países, pero que Colombia presentó como el derribo de dos puentes internacionales.
Fotos de la prensa regional evidencian que incluso una de las pasarelas terminaba dentro de un edificio de viviendas, mientras a 30 kilómetros de distancia están los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, con instalaciones oficiales.
El caso de las bases militares de Estados Unidos es particularmente sensible en Venezuela, dada la hostilidad de los gobiernos de ese país e, incluso, el apoyo al golpe de estado que en 2002 sacó del poder por breve tiempo al presidente Hugo Chávez.
En este contexto Chávez convocó a los militares a prepararse para la defensa, un llamado que las autoridades colombianas denunciaron como amenaza, actitud expuesta por el gobierno venezolano como un intento de desviar las críticas por las bases.
Con este fuerte intercambio verbal de fondo, la presencia de paramilitares colombianos en la frontera es un elemento peligroso que Venezuela intenta neutralizar, entre otras acciones, con la movilización de más de 15 mil hombres en regiones fronterizas
Prensa Latina
La lucha por la recuperación de tierras ociosas, sorpresivamente para algunos, reafirma hoy en Venezuela denuncias sobre actividad de paramilitares colombianos, que para las autoridades es parte de un plan agresivo contra el país.
Uno de los resultados inesperados del proceso fue la ubicación, a fines de noviembre, de pistas clandestinas y la detención de un grupo de 25 irregulares en predios recuperados en el occidental estado Zulia.
Casi coincidentemente, en el mismo estado, fronterizo con Colombia, fue detenida la jefa paramilitar Magaly Moreno, vinculada con el ex fiscal Luis Osorio, actual embajador de Colombia en México.
En opinión del canciller Nicolás Maduro, la detención de Moreno demuestra que el gobierno de Colombia está enviando a sus jefes paramilitares como parte de una estrategia de infiltración.
Las autoridades venezolanas han denunciado que esos grupos irregulares actúan en coordinación con organismos de inteligencia colombianos en planes de desestabilización, sin descartar que pudieran ser preámbulos de una agresión militar.
La preocupación es sustentada también en el reciente acuerdo de Washington y Bogotá para la apertura a militares estadounidenses de al menos siete bases en Colombia con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El proceso de recuperación de tierras al sur del lago Maracaibo ratificó denuncias de que los paramilitares están instalados del lado venezolano en estados fronterizos como Zulia, Táchira y Apure y comenzaron a penetrar en otras regiones incluyendo la capital.
Recientemente, en Táchira fueron detenidos 12 paramilitares mientras repartían panfletos para atemorizar a comerciantes y colegios, con el fin de provocar cierres de comercios y escuelas y con llamados a una supuesta "limpieza social".
La aparición de esos papeles que llaman a exterminar a personas de "mala vida", cuya autoría se atribuye a grupos irregulares, también se reportó en Zulia.
El fenómeno del paramilitarismo es uno de los elementos de la complicada madeja de las relaciones colombo-venezolanas, que incluyen tensiones en la frontera por el tráfico de drogas y el contrabando de alimentos, con un fuerte componente político.
De tal forma, lo que en el transcurso de los años ha sido una operación regular, la destrucción de pasos ilegales entre ambos países para narcotraficantes y contrabandistas, ha sido asumido por el gobierno colombiano como un tema de relaciones internacionales.
El objeto de la discrepancia fue la destrucción por militares venezolanos de dos pasarelas sobre el río Táchira, no acordadas entre ambos países, pero que Colombia presentó como el derribo de dos puentes internacionales.
Fotos de la prensa regional evidencian que incluso una de las pasarelas terminaba dentro de un edificio de viviendas, mientras a 30 kilómetros de distancia están los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, con instalaciones oficiales.
El caso de las bases militares de Estados Unidos es particularmente sensible en Venezuela, dada la hostilidad de los gobiernos de ese país e, incluso, el apoyo al golpe de estado que en 2002 sacó del poder por breve tiempo al presidente Hugo Chávez.
En este contexto Chávez convocó a los militares a prepararse para la defensa, un llamado que las autoridades colombianas denunciaron como amenaza, actitud expuesta por el gobierno venezolano como un intento de desviar las críticas por las bases.
Con este fuerte intercambio verbal de fondo, la presencia de paramilitares colombianos en la frontera es un elemento peligroso que Venezuela intenta neutralizar, entre otras acciones, con la movilización de más de 15 mil hombres en regiones fronterizas
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