sábado, 30 de mayo de 2009

SE ACERCA LA HORA DE LA JUSTICIA. LA AN PRESENTARA INFORME SOBRE MASACRE DE YUMARE, CANTAURA, PORTEÑAZO, EL AMPARO ETC.

Familiares recibirán restos óseos de víctimas de la masacre de Yumare
La funcionaria también giró instrucciones para que un grupo de fiscales, conjuntamente con funcionarios del CICPC, obtengan la verdad sobre este caso que, a su juicio, está bastante adelantado, así como las causas relacionadas con los hechos ocurridos en Cantaura el 4 de octubre de 1982, el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y El Caracazo, ocurrido en febrero de 1989.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, entregó los respectivos certificados a los familiares de las víctimas de la masacre de Yumare para que retiren sus restos óseos en el (CICPC). La masacre de Yumare ocurrió el 8 de mayo de 1986 en el caserío La Vaca, municipio Bolívar del estado Yaracuy.
En un acto, realizado este viernes en la sede del Ministerio Público en Caracas, Ortega Díaz indicó que "después de tantos años, 23 años de lo ocurrido, por fin se ve una luz". Por ello, pidió a los familiares de las víctimas que tengan confianza en el trabajo que ha venido efectuando la vindicta pública. "El Ministerio Público se ha empeñado en dar respuesta no sólo a este caso sino a las demás causas que tenemos para hacer realidad nuestra consigna No a la Impunidad", aseveró.
Comentó que los restos de los fallecidos en la masacre de Yumare permanecieron en la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses del CICPC desde el año 2007 y tuvo que tomar "decisiones serias no solamente respecto a la entrega de los cadáveres sino también al propio caso. Y seguiré tomando las medidas que sean necesarias".
La masacre
Explicó que las personas fallecidas fueron masacradas en una operación conjunta entre la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y el Ejército en ese momento. "Fueron ejecutados sin ser oídos, sin tener derecho a la defensa, sin tener juicio previo y sin la presunción de inocencia. Sencillamente fueron ejecutados", expresó la fiscal. Ortega Díaz manifestó que se violó el principal y fundamental derecho a la vida y no hubo organismo que alzara su voz ni a nivel nacional ni internacional.
"Sólo algunas voces se escucharon y tuvieron un poco de eco y repercusión", añadió, al mismo tiempo manifestó:"No oímos a la Organización de Estados Americanos ni a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. No hubo un pronunciamiento de que en Venezuela en ese momento se violaron los derechos humanos".
La titular del Ministerio Público señaló que todas las personas que fallecieron eran luchadores sociales que formaban parte de una generación, soñaban con la justicia y con la libertad. Además, muchos de ellos fueron la semilla de lo que hoy está ocurriendo en el país. La funcionaria también giró instrucciones para que un grupo de fiscales, conjuntamente con funcionarios del CICPC, obtengan la verdad sobre este caso que, a su juicio, está bastante adelantado, así como las causas relacionadas con los hechos ocurridos en Cantaura el 4 de octubre de 1982, el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y El Caracazo, ocurrido en febrero de 1989.
Del mismo modo, ofreció disculpas a los familiares de las víctimas por el tiempo que ha transcurrido, en total 23 años, sin embargo, reiteró que desde el Ministerio Público se pondrá todo el empeño y se hará el mayor esfuerzo para dar por concluida la fase de investigación de ese proceso que se ha iniciado. Ortega Díaz aprovechó la ocasión para indicar que su compromiso aún no termina y que las comunidades organizadas deben fortalecerse para que exijan de las instituciones el cumplimiento de su rol y le den respuesta oportuna.
"Estamos comprometidos con los postulados consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, así como en la búsqueda de una patria donde impere fundamentalmente la justicia, la solidaridad y la paz"
López Sisco involucrado en la mayoría de los casos
Comisión de la AN presentará informe sobre masacres dirigidas por gobiernos de la IV República
Más de 3000 venezolanos fueron asesinados durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, en masacres como la del Porteñazo, el Carupanazo, el Caracazo, Yumare, Cantaura, el Amparo, liceo Sanz de la Victoria, La Planta y el Retén Judicial de Catia. Se espera llegar a actos conclusivos, para acabar con la impunidad.
En dos meses la Comisión de Desarrollo social de la Asamblea Nacional presentará un informe sobre la investigación realizada en relación con las masacres de Cantaura, Yumare, el Amparo y el Retén de Catia, entre otras, dirigidas por los gobiernos de la IV República. (Foto: Pedro Infante, Dip a la AN.)
Así lo informó el diputado Reinaldo García, presidente de la Sub Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial que investiga los desaparecidos, secuestrados, asesinados, masacrados y torturados durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, invitado al programa Despertó Venezuela, que transmite venezolana de Televisión.
Apuntó García que la Comisión tiene tres años trabajando y ya presentaron un informe preliminar.
Por su parte, Pedro Infante Coordinador de la CE que investiga sicariatos, tortura y asesinatos de campesinos, pescadores e indígenas en el país, agregó que la comisión ha coordinado la investigación sobre las víctimas de Cantaura y Yumare con la Fiscalía General de la República y los familiares de los asesinados
Muy pronto se espera llegar a actos conclusivos, para acabar con la impunidad, por ejemplo, "de (Henry) López Sisco (ex funcionario de la Disip), quien se encuentra involucrado en la mayoría de los casos", apuntó Infante, y agregó que "pronto haremos justicia, es importante establecer las responsabilidades de las muertes e indemnizar a los familiares de las víctimas".
Recordaron los diputados que más de 3000 venezolanos fueron asesinados durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, en masacres como la del Porteñazo, el Carupanazo, el Caracazo, Yumare, Cantaura, El Amparo, liceo Sanz de La Victoria, La Planta y el Retén Judicial de Catia
Asimismo y en cuanto a los casos particulares se encuentran las ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales y defensores del ideal bolivariano, como de Noel Rodríguez, Jorge Rodríguez, Alberto Lovera y los hermanos Millán Guerra, entre otros

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