Fiscalía recibió 2 piezas del expediente original de Masacre de Cantaura
En la sede central del Ministerio Público se recibieron las dos piezas con 394 folios útiles correspondientes al expediente N° 82-1075, conforme a la solicitud realizada.
El Ministerio Público recibió, de parte del presidente del Circuito Judicial Penal Militar, general de división Francisco Eduardo Rivas Rodríguez, dos piezas del expediente original del caso conocido como la Masacre de Cantaura, hecho ocurrido el 4 de octubre de 1982.
Tal requerimiento fue hecho por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a fin de establecer las responsabilidades penales en este hecho, en el cual perdieron la vida 25 personas, 23 integrantes del Frente Guerrillero "Américo Silva", un capitán del Ejército y un funcionario de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
En ese sentido, en la sede central del Ministerio Público se recibieron las dos piezas con 394 folios útiles correspondientes al expediente N° 82-1075, conforme a la solicitud realizada.
La fiscal general solicitó que le fuesen remitidas las actuaciones originales contentivas en el citado expediente, instruido por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente con sede en Maturín, estado Monagas, y que oficialmente reposaba en el Departamento de Coordinación Judicial del Circuito Militar Penal, ubicado en Fuerte Tiuna, El Valle, Caracas.
Anteriormente, el pasado 28 de agosto, el director general de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Armando Carvajal, remitió el expediente 50-34559, constante de cinco piezas con un total de 603 folios, del cual se han extraído importantes elementos.
Se calcula que el 4 de octubre de 1982, a las 5:30 de la mañana, aviones Canberra y Bronco de la Fuerza Aérea Venezolana, con participación de un general, ocho oficiales superiores, 24 oficiales subalternos, 378 efectivos de tropa, 70 funcionarios Disip, en total 471 hombres; procedieron a atacar un campamento, donde perecieron hombres y mujeres de entre 16 y 30 años.
Este caso se activó debido a una solicitud hecha por familiares de las víctimas ante el Ministerio Público en el año 2006.
En la sede central del Ministerio Público se recibieron las dos piezas con 394 folios útiles correspondientes al expediente N° 82-1075, conforme a la solicitud realizada.
El Ministerio Público recibió, de parte del presidente del Circuito Judicial Penal Militar, general de división Francisco Eduardo Rivas Rodríguez, dos piezas del expediente original del caso conocido como la Masacre de Cantaura, hecho ocurrido el 4 de octubre de 1982.
Tal requerimiento fue hecho por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a fin de establecer las responsabilidades penales en este hecho, en el cual perdieron la vida 25 personas, 23 integrantes del Frente Guerrillero "Américo Silva", un capitán del Ejército y un funcionario de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
En ese sentido, en la sede central del Ministerio Público se recibieron las dos piezas con 394 folios útiles correspondientes al expediente N° 82-1075, conforme a la solicitud realizada.
La fiscal general solicitó que le fuesen remitidas las actuaciones originales contentivas en el citado expediente, instruido por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente con sede en Maturín, estado Monagas, y que oficialmente reposaba en el Departamento de Coordinación Judicial del Circuito Militar Penal, ubicado en Fuerte Tiuna, El Valle, Caracas.
Anteriormente, el pasado 28 de agosto, el director general de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Armando Carvajal, remitió el expediente 50-34559, constante de cinco piezas con un total de 603 folios, del cual se han extraído importantes elementos.
Se calcula que el 4 de octubre de 1982, a las 5:30 de la mañana, aviones Canberra y Bronco de la Fuerza Aérea Venezolana, con participación de un general, ocho oficiales superiores, 24 oficiales subalternos, 378 efectivos de tropa, 70 funcionarios Disip, en total 471 hombres; procedieron a atacar un campamento, donde perecieron hombres y mujeres de entre 16 y 30 años.
Este caso se activó debido a una solicitud hecha por familiares de las víctimas ante el Ministerio Público en el año 2006.
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